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Morelia, Mich., a 07 de julio de 2014.- María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a nivel federal (SETEC), se reunió con los integrantes del Consejo implementador del nuevo Sistema en la entidad a fin de revisar los resultados del diagnóstico elaborado de manera conjunta por la federación y el estado.
Dicha reunión de trabajo, encabezada por Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán y del órgano implementador del nuevo Sistema en la entidad, tuvo por objetivo detectar las fortalezas y áreas de oportunidad de las instancias que integran el Consejo, para seguir trabajando coordinadamente y lograr que Michoacán esté a la vanguardia en la implementación de la Reforma penal.
De acuerdo con el diagnóstico, en materia de infraestructura el Poder Judicial de Michoacán presenta un avance considerable en la construcción de once salas de oralidad, que serán destinadas en la primera etapa de operación en las regiones de Morelia y Zitácuaro. De igual forma, se encuentran en funcionamiento los juzgados de ejecución de sanciones penales en las seis regiones en las que se ha dividido la entidad para la implementación del nuevo Sistema.
Asimismo, se registra un importante avance en la construcción de las seis salas de oralidad adscritas al Centro de Readaptación Social (Cereso) “David Franco Rodríguez” en el municipio de Charo, y dos salas más en el municipio de Pátzcuaro. En el rubro de capacitación, se reconoció el trabajo realizado en dicha materia y se invitó a seguir fortaleciendo las actividades de actualización para los operadores del nuevo sistema en el Poder Judicial.
Fromow Rangel señaló que el Poder Judicial de Michoacán va con paso sólido, “sin duda ha invertido en el esfuerzo y el compromiso de su personal y de su propio presidente, para lograr estar preparados y otorgar una justicia con los principios constitucionales”, señaló.
Finalmente, entre las recomendaciones emitidas por la SETEC para las instituciones que integran el Consejo implementador, destaca el desarrollo de protocolos de actuación alineados al Código Nacional de Procedimientos Penales para los operadores del nuevo sistema, así como revisar la Ley Orgánica de cada institución para ajustarla a las legislaciones nacionales.
